El 26 de enero fueron asesinados Héctor y Fernando en el corazón del Catatumbo.
Un grupo de campesinos encontró sus cuerpos en la vereda Encantados, en la zona rural del municipio de El Tarra. Héctor era un adolescente de 15 años y Fernando tenía 18, y habían salido de Venezuela buscando trabajo. Una empresa de servicios funerarios trasladó sus cuerpos hasta la morgue del municipio de Tibú. Allí se supo que Héctor y Fernando eran hermanos, y que trabajaban raspando hoja de coca en una finca de El Tarra. Sus familiares no conocían de problemas o amenazas previas, pues ellos solo se dedicaban a trabajar. La Fiscalía plantea inicialmente que estos homicidios los cometieron grupos ilegales y que su motivación fue “pertenecer a población vulnerable”.
Es probable que nunca se conozcan los motivos puntuales de estos homicidios, pues la Fiscalía solamente logra esclarecer, en promedio, el 35% de estos casos. Del resto, no se llega a conocer mayor información. Además, las labores de investigación se dificultan cuando estas muertes violentas ocurren en las zonas rurales del departamento y donde hay presencia masiva de grupos armados. A pesar de esto, la Alerta Temprana 025 de 2021 de la Defensoría del Pueblo ofrece información valiosa para conocer una parte del contexto y de los riesgos a los que se enfrenta la población migrante en el centro del Catatumbo.
Primero, las afectaciones más recurrentes hacia las personas migrantes están relacionadas con homicidios selectivos, accidentes con minas antipersonas, amenazas, desplazamiento forzado, señalamiento y estigmatización, así como la trata de personas con fines de explotación sexual. Hace unos meses circuló una especie de “catálogo” de niñas y jóvenes para ser ofertadas en una red local de explotación sexual, así como el ofrecimiento de niñas vírgenes por grandes sumas de dinero.
Segundo, a raíz de la participación de personas migrantes en delitos como el hurto, en riñas y en problemas de convivencia con la comunidad, se generaron amenazas de expulsión masiva por parte de grupos armados. De hecho, a comienzos de este año se dio un plazo máximo a la población migrante para que abandonaran la región. El plazo se cumplió y esta población permaneció allí, pues al parecer se obligaron a cumplir ciertas condiciones que les impusieron los grupos armados, como mejorar la conducta y la convivencia, limitar su movilidad y evitar la llegada de nuevos migrantes a esta zona. Es probable que esto se haya dado para que los grupos armados pudieran beneficiarse de la mano de obra barata en la recolección de hoja de coca y otras actividades ilícitas.
Tercero, se pudo conocer el caso de una mujer proveniente de Venezuela que lideraba una asociación comunitaria en un asentamiento humano de El Tarra. El lugar estaba ocupado, principalmente, por colombianos retornados y familias de migrantes venezolanos. Por causa de su liderazgo y de su rol en la comunidad, un grupo armado la amenazó y le dijo que debía renunciar a la asociación. Hasta el momento, no se sabe si la mujer cumplió la orden de los violentos.
A partir de esto, resulta difícil formarse una idea exacta sobre las motivaciones de los delitos en contra de los migrantes en el corazón de esta región. Pero sí es posible inferir que las condiciones de vulnerabilidad y de migración se alimentan mutuamente, profundizando aún más el riesgo de migrar y vivir en el Catatumbo, un lugar en el que el control social lo ejercen ampliamente los grupos armados ilegales. Es un círculo de calamidades sociales difícil de romper para las personas provenientes de Venezuela, pues no solo son migrantes por ser vulnerables, sino que son vulnerables por ser migrantes.
Lamentablemente, este escrito termina de la misma forma como inició: con un caso de homicidio contra migrantes. Los hechos ocurrieron el pasado 8 de octubre. Un niño de 15 años y un joven de 23 fueron acusados de estar robando en un establecimiento comercial de Tibú. Algunas personas se acercaron al lugar, les amarraron las manos y grabaron videos señalando la falta que habían cometido. En una grabación de video se escucha decir: “No queremos verlos tirados en alguna orilla de las carreteras. Bajo nuestras responsabilidades están, entonces los vamos a entregar a las autoridades”. Pero las autoridades no llegaron. En su lugar, dos hombres armados se acercaron al local comercial, y se llevaron al niño y al joven. Horas más tarde fueron encontrados muertos y con un letrero que decía “LADRONES” en mayúscula.
A esta hora, cualquiera que sea, siguen llegando migrantes en condición de vulnerabilidad al corazón del Catatumbo.
Kenny Sanguino Cuéllar
Profesor investigador Universidad Libre de Colombia Seccional Cúcuta
Cortesía www.elsantanderista.com
