Nueva metodología permite ampliar información sobre impacto económico de Estado Simple, Colombia Ágil.
La mejora regulatoria y la supresión de barreras dentro de la estrategia Estado Simple, Colombia Ágil (ESCA) ha generado ahorros para los colombianos superiores a los $70.375 millones.
El resultado mide el impacto económico de 874 acciones que permitieron eliminar normas en desuso o mejorar normas con alta incidencia en las actividades de los colombianos, debido a su frecuencia de uso, cantidad de personas que deben acudir a ellas y costos asociados.
También cuantifica la reducción del gasto al eliminar 431 barreras que dificultaban innecesariamente el acceso de los ciudadanos y las empresas a servicios del Estado, o el cumplimiento de obligaciones ante entidades oficiales.
La cifra la estableció la Oficina de Estudios Económicos (OEE) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y se suma al ahorro por concepto de eliminación o simplificación de trámites que calcula el Departamento Administrativo de la Función Pública.
“Este nuevo indicador permite cuantificar con más exactitud los resultados de Estado Simple, Colombia Ágil, tanto para empresas como para todos ciudadanos. Confirma que la racionalización de los procedimientos representa un impacto positivo en términos monetarios, y da elementos de juicio para tomar decisiones frente a la simplificación de las relaciones con el Estado y así garantizar condiciones más propicias para el desarrollo de iniciativas productivas o de gran impacto para la economía”, destacó la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana Villalba.
Así funciona
La OEE identificó que las acciones de mejora regulatoria y supresión de barreras se pueden clasificar en siete tipos de beneficio para los usuarios.
1. Reducción de tiempo de obtención del procedimiento.
2. Respuesta o notificación electrónica.
3. Pago en línea.
4. Radicación en línea o telefónicamente.
5. Eliminación o reducción de tarifa.
6. Eliminación de requisitos.
7. Aumento de canales y/o puntos de atención.
Se hizo una estimación de la forma en que esos beneficios impactan el tiempo requerido para acceder al servicio o cumplir la obligación, lo que incluye la movilización hasta oficinas públicas, el tiempo de espera en el punto de atención y el tiempo de espera para el resultado final.
Además, incluyó los potenciales costos de desplazamiento, la inversión en servicios de mensajería, el pago de tarifas asociadas y gastos adicionales por requisitos como fotocopias y formularios.
La investigación revisó cada intervención en barreras y normas desde el 2018, cuando arrancó la estrategia, ajustando año a año conceptos como lo que vale un día de trabajo, el valor promedio de transporte en las principales ciudades, las tarifas de los servicios de mensajería y el valor de las fotocopias y los servicios de impresión, entre otros.
También se consideró el acceso a internet, ya que para acogerse a parte de los beneficios es indispensable estar en línea, a través de sistemas fijos o móviles.
Estos parámetros de carácter general se cruzaron con detalles específicos de cada norma o barrera como número de solicitudes anuales, número de desplazamientos ahorrados, tarifas ahorradas y costos específicos.
Con todos los datos, se montó una matriz que dio como resultado el ahorro total de $70.375’921.172 desde agosto del 2018.
El trabajo de la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio partió de la metodología diseñada por el Departamento Administrativo de la Función Pública para calcular los ahorros ciudadanos por racionalización de trámites, que entre agosto de 2018 y marzo de 2022 alcanzó los $307.913’032.642.
Es decir que, en total, los ahorros generados por las 4.361 intervenciones de ESCA entre trámites, barreras, normas obsoletas y normas de alto impacto suman $378.288.953.814.
*Información de MinCIT