“El Gobierno del Presidente Duque negocia, habla con todos los representantes de los trabajadores y mediante el diálogo social busca los acuerdos”, afirmó el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera Báez, durante el cierre del acuerdo de la negociación de los trabajadores del Estado.
El proceso inició con la presentación de los pliegos de solicitudes de las 20 organizaciones sindicales: CUT, CGT, CTC, UTC, CTU Usctrab, CNT, CSPC, Fecode, Fecotraservipúblicos, Fenaltrase, Únete, Fenascol, Fenaltraesp, Propaís, Fedeusctrab Nacional, Fedeusctrab Estatal y Fedeusctrab Ambiental, Fedeasonal, Fecospec y Utradec.
El pliego se compuso de 1276 solicitudes, las cuales fueron estudiadas por la mesa central y los grupos sectoriales de Educación, género, ambiente, relaciones exteriores, gobierno, defensa, trasporte y justicia. La negociación tuvo una duración de 39 días hábiles y se adelantaron jornadas entre cinco y veinte horas en algunas sesiones.
El director del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), Nerio José Alvis, precisó: “La concertación ha sido el pilar fundamental en la relación del Estado con sus servidores, por eso el Gobierno Nacional, liderado por el presidente Iván Duque, ha sido promotor y defensor del diálogo social para construir espacios de discusión y análisis de las solicitudes presentadas por las organizaciones sindicales. Con este acuerdo, seguimos avanzando en la modernización de la administración pública del país con condiciones de trabajo equitativas, basadas en principios de confianza, equidad y respeto”.
Principales acuerdos alcanzados en 2021
Incremento salarial a servidores públicos: Beneficia a 1 millón 275 mil servidores públicos y el aumento salarial para la vigencia de 2021 es la inflación total causada en 2020, certificada por el DANE en 1.61 %, más 1 punto porcentual y que representa un incremento total de 2.61 %, retroactivo al primero de enero del 2021. Para el año 2022 se acuerda un aumento salarial correspondiente al crecimiento porcentual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) total en el año 2021, certificado por el DANE a 31 de diciembre, más 1.64 puntos porcentuales, el cual regirá a partir del 1 de enero del 2022.
Comisión para estudiar reducción de jornada laboral de servidores públicos: Conformada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Ministerio del Trabajo y las organizaciones sindicales firmantes del acuerdo.
Mesas Técnicas para el pago de obligaciones de las Empresas Sociales del Estado e implementación de nuevo régimen de carrera administrativa: A partir de la caracterización de las deudas y de los mecanismos de reconocimiento y pago de las obligaciones. Así mismo, el Gobierno Nacional con la participación de las organizaciones sindicales firmantes, propondrá un nuevo régimen especial de carrera administrativa para las Empresas Sociales del Estado y presentará e impulsará un proyecto de ley que brinde facultades transitorias al ejecutivo para tal efecto. El nuevo régimen especial de carrera administrativa incluirá los empleos que desarrollen actividades permanentes con excepción de las especialidades médicas y creará empleos utilizando como soporte financiero los recursos que financian la contratación existente, esto es a costo cero.
Directrices para implementación de jornadas flexibles a servidores públicos: El Gobierno Nacional expedirá una directriz para las entidades del orden nacional, territorial y órganos de control para implementar jornadas flexibles, dentro del marco legal establecido en la ley para la jornada laboral, con el fin de generar conciliación entre la vida laboral y personal para garantizar la salud mental y física de los empleados públicos.
Principales acuerdos de las mesas sectoriales:
Educación de forma presencial: El servicio de educación inicial, preescolar, básica y media se prestará de manera presencial a partir del inicio de las actividades académicas del segundo semestre de 2021, según los calendarios académicos de las ETC, en los términos de la Resolución 777 de 2021 y la Directiva No. 05 de 2021 o las normas que las sustituyan, modifiquen o complementen.
El Ministerio de Educación convocará de manera permanente a las Secretarías de Educación para efectuar seguimiento a la implementación de las condiciones de bioseguridad en las instituciones educativas para mitigar el riesgo de contagio por COVID-19. Las entidades territoriales certificadas en educación tendrán a cargo la vigilancia y cumplimiento del protocolo de bioseguridad, sin perjuicio de la función de vigilancia sanitaria que deben realizar las Secretarías de Salud municipales, distritales y departamentales.
Creación del Estatuto Docente: El Ministerio de Educación Nacional se compromete a convocar un espacio de amplia participación con distintos sectores sociales, organizaciones sindicales y gremiales, académicos, docentes, estudiantes y padres de familia para que de forma organizada y autónoma, generen debates y presenten propuestas que alimenten las discusiones relacionadas con el estatuto docente, evaluación docente y del desempeño con la calidad de la educación.
Prevención de la violencia a la mujer en el lugar de trabajo: La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer propondrá ante el comité de seguimiento de la Ley 1257 de 2008, recibir en calidad de invitadas a las organizaciones sindicales firmantes del presente acuerdo, cuando deseen exponer una temática particular sobre violencia en los lugares del trabajo para ser presentada ante el comité.
Política pública de protección a líderes sindicales: El Gobierno Nacional y las organizaciones sindicales construirán el protocolo para la evaluación del riesgo y recomendaciones de medidas de protección de los líderes sindicales.
Con información de Mintrabajo
